La pensión de alimentos es una contribución económica que una persona debe proporcionar a otra para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación y cuidado. En el contexto de las relaciones familiares, generalmente se refiere a la cantidad que un progenitor debe pagar para el sustento de sus hijos después de una separación o divorcio.
El cálculo de la pensión de alimentos no es uniforme y puede variar según varios factores. Entre los elementos que se tienen en cuenta destacan:
En España, se utilizan tablas orientativas y herramientas digitales para facilitar el cálculo de la pensión de alimentos. Estas tablas son proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se actualizan periódicamente para reflejar cambios económicos y sociales. Las herramientas online permiten a los progenitores introducir datos específicos para obtener una estimación inicial de la pensión correspondiente.
Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre el monto de la pensión, será un juez quien determine la cantidad a pagar, basándose en la información económica de ambos y en el bienestar del menor. El juez valorará todas las circunstancias particulares de la familia para tomar una decisión justa y equitativa.
Es importante destacar que la pensión de alimentos no es inmutable. Puede revisarse y modificarse si las circunstancias económicas de los progenitores cambian significativamente, o si las necesidades del menor varían con el tiempo.
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No responder a tiempo a un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede tener consecuencias graves para autónomos y empresas. Aunque en muchos casos se trata de simples solicitudes de información o trámites aparentemente menores, ignorar los plazos legales puede derivar en sanciones económicas, recargos e incluso procedimientos de apremio.
Madrid, 2026.
La implantación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica y de los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu) finalmente no será exigible en 2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de un año, trasladando la entrada en vigor de esta obligación a 2027, con el objetivo de facilitar la adaptación técnica de empresas, pymes y autónomos.
Esta medida afecta al calendario de aplicación del Real Decreto 1007/2023 y a la normativa de desarrollo vinculada a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce importantes cambios en la forma en que se emiten, conservan y controlan las facturas en España.
La AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, ha puesto en marcha un canal digital que se ha convertido en la vía principal para recibir comunicaciones oficiales: el buzón tributario. Este buzón funciona dentro de la sede electrónica y es la puerta de entrada a notificaciones, requerimientos y comunicaciones entre la Administración y los contribuyentes. Entender su uso es clave para mantener al día las obligaciones fiscales y evitar sorpresas.
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