Las empresas denuncian impagos crecientes en los últimos tres meses, según una encuesta de cámaras de comercio regionales. El retraso en pagos estrecha la liquidez de pymes y medianas empresas y obliga a revisar líneas de crédito disponibles para sostener la operación diaria.
Entre los sectores más afectados se encuentran la construcción, los servicios profesionales y la tecnología, donde las facturas vencidas suelen multiplicarse cuando los contratos se renegocian ante la presión de caja. Los plazos de pago se han alargado y algunas compañías ya exigen garantías o adelantamientos para cerrar nuevos contratos.
Para recuperar lo adeudado, las empresas combinan reclamaciones formales, acuerdos extrajudiciales y servicios de cobranza externos. También fortalecen prácticas de crédito interno, como verificaciones de solvencia de clientes y límites de crédito más estrictos para reducir la exposición a morosidad futura.
Deudores y proveedores buscan cobrar en tribunales
El impulso por cobrar ha llevado a un aumento de demandas en tribunales mercantiles. Las empresas acreedoras presentan expedientes para exigir el pago de facturas vencidas y, en algunos casos, recurren a embargos para asegurar el cobro.
Sin embargo, la vía judicial llega con demoras. Abogados advierten de retrasos en audiencias y procesos de conciliación que pueden extenderse varios meses, especialmente en ciudades con alto volumen de casos. Esta situación presiona aún más la liquidez de proveedores que dependen de pagos puntuales.
Para agilizar resoluciones, las partes suelen documentar exhaustivamente toda la factura, contrato y comunicaciones previas, y exploran soluciones como acuerdos de pago escalonados o mediación previa. También se están promoviendo herramientas digitales para gestionar notificaciones, plazos y estatus de cobranza.
La reclamación de impagos continúa siendo un tema crucial para la salud de la cadena de suministro. Aunque la vía judicial ofrece un marco claro para exigir cobro, la congestión de tribunales y la necesidad de mayor transparencia en los plazos de pago impulsan a gobiernos, cámaras y empresas a buscar soluciones más eficientes, como plataformas de cobranza, cláusulas contractuales más claras y reformas que reduzcan la morosidad en la economía.
No responder a tiempo a un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede tener consecuencias graves para autónomos y empresas. Aunque en muchos casos se trata de simples solicitudes de información o trámites aparentemente menores, ignorar los plazos legales puede derivar en sanciones económicas, recargos e incluso procedimientos de apremio.
Madrid, 2026.
La implantación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica y de los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu) finalmente no será exigible en 2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de un año, trasladando la entrada en vigor de esta obligación a 2027, con el objetivo de facilitar la adaptación técnica de empresas, pymes y autónomos.
Esta medida afecta al calendario de aplicación del Real Decreto 1007/2023 y a la normativa de desarrollo vinculada a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce importantes cambios en la forma en que se emiten, conservan y controlan las facturas en España.
La AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, ha puesto en marcha un canal digital que se ha convertido en la vía principal para recibir comunicaciones oficiales: el buzón tributario. Este buzón funciona dentro de la sede electrónica y es la puerta de entrada a notificaciones, requerimientos y comunicaciones entre la Administración y los contribuyentes. Entender su uso es clave para mantener al día las obligaciones fiscales y evitar sorpresas.
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