Las empresas denuncian impagos crecientes en los últimos tres meses, según una encuesta de cámaras de comercio regionales. El retraso en pagos estrecha la liquidez de pymes y medianas empresas y obliga a revisar líneas de crédito disponibles para sostener la operación diaria.
Entre los sectores más afectados se encuentran la construcción, los servicios profesionales y la tecnología, donde las facturas vencidas suelen multiplicarse cuando los contratos se renegocian ante la presión de caja. Los plazos de pago se han alargado y algunas compañías ya exigen garantías o adelantamientos para cerrar nuevos contratos.
Para recuperar lo adeudado, las empresas combinan reclamaciones formales, acuerdos extrajudiciales y servicios de cobranza externos. También fortalecen prácticas de crédito interno, como verificaciones de solvencia de clientes y límites de crédito más estrictos para reducir la exposición a morosidad futura.
Deudores y proveedores buscan cobrar en tribunales
El impulso por cobrar ha llevado a un aumento de demandas en tribunales mercantiles. Las empresas acreedoras presentan expedientes para exigir el pago de facturas vencidas y, en algunos casos, recurren a embargos para asegurar el cobro.
Sin embargo, la vía judicial llega con demoras. Abogados advierten de retrasos en audiencias y procesos de conciliación que pueden extenderse varios meses, especialmente en ciudades con alto volumen de casos. Esta situación presiona aún más la liquidez de proveedores que dependen de pagos puntuales.
Para agilizar resoluciones, las partes suelen documentar exhaustivamente toda la factura, contrato y comunicaciones previas, y exploran soluciones como acuerdos de pago escalonados o mediación previa. También se están promoviendo herramientas digitales para gestionar notificaciones, plazos y estatus de cobranza.
La reclamación de impagos continúa siendo un tema crucial para la salud de la cadena de suministro. Aunque la vía judicial ofrece un marco claro para exigir cobro, la congestión de tribunales y la necesidad de mayor transparencia en los plazos de pago impulsan a gobiernos, cámaras y empresas a buscar soluciones más eficientes, como plataformas de cobranza, cláusulas contractuales más claras y reformas que reduzcan la morosidad en la economía.
Desde el 1 de enero de 2025 está plenamente operativa la llamada «ventana de liquidez a los diez años», que permite rescatar las aportaciones antiguas sin necesidad de jubilarse ni acreditar ninguna situación excepcional. Una novedad que ha reactivado las consultas sobre cuándo conviene recuperar el ahorro acumulado y, sobre todo, con qué coste fiscal.
El seguro de impago de alquiler garantiza al propietario el cobro de las rentas cuando el inquilino deja de pagar, y añade coberturas clave como la defensa jurídica del desahucio y los daños por actos vandálicos en la vivienda. Para quien tiene una o varias viviendas alquiladas —y especialmente para quien depende de esa renta como complemento de sus ingresos o de su jubilación—, un solo inquilino moroso puede convertir una inversión rentable en un problema de años. En MenfisGrup Asesoría explicamos cómo funciona este seguro, qué cubre exactamente y por qué su coste es muy inferior al riesgo que elimina.
La jubilación activa es la modalidad que permite cobrar una parte de la pensión de jubilación —desde el 45% hasta el 100%— mientras se sigue trabajando por cuenta ajena o como autónomo. Su regulación cambió profundamente con el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, publicado en el BOE del 24 de diciembre de 2024, cuyas novedades están en vigor desde el 1 de abril de 2025. La reforma, que modifica el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, facilita el acceso a esta figura y la hace mucho más atractiva, especialmente para los autónomos. En MenfisGrup Asesoría explicamos qué ha cambiado y cómo aprovecharlo.
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