La incapacitación judicial es una medida legal que se aplica cuando una persona, debido a una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, no puede gobernar sus actos de manera adecuada. En el sistema legal español, este proceso busca proteger los derechos y el bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, salvaguardando su patrimonio y garantizando que sus decisiones sean tomadas en su mejor interés.
La incapacitación judicial es un mecanismo legal que se otorga a través de una sentencia judicial. Este procedimiento tiene como objetivo declarar la falta de capacidad de una persona para actuar de forma independiente en su vida personal, económica o jurídica, debido a una discapacidad mental o física. Una vez que se dictamina la incapacitación, el tribunal puede nombrar a un tutor o curador que actuará en representación de la persona incapacitada.
Para solicitar la incapacitación, cualquier familiar directo o el Ministerio Fiscal puede iniciar el proceso mediante una demanda. La incapacidad debe estar basada en pruebas médicas que certifiquen que la persona no está en condiciones de gestionar sus propios asuntos. Es un procedimiento complejo y delicado, donde el juez evaluará el grado de incapacidad y determinará si se requiere una tutela completa o parcial.
En 2021, España experimentó una reforma significativa en esta área con la Ley 8/2021, que adapta la legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este cambio promueve un enfoque basado en los derechos humanos, eliminando progresivamente el concepto de incapacitación judicial y sustituyéndolo por apoyos para la toma de decisiones. En lugar de incapacitar a una persona, se busca proporcionarles los medios necesarios para que puedan participar activamente en sus propias decisiones, respetando siempre su dignidad y autonomía.
Es fundamental contar con asesoría especializada en estos procesos, debido a la complejidad de las pruebas requeridas y la importancia de garantizar que los derechos de la persona involucrada sean respetados. En Menfisgrup, ofrecemos un equipo de expertos en derecho de familia y protección de personas vulnerables, que te guiará en cada paso del proceso, asegurando que el bienestar de tu ser querido esté siempre en primer lugar.
Desde el 1 de enero de 2025 está plenamente operativa la llamada «ventana de liquidez a los diez años», que permite rescatar las aportaciones antiguas sin necesidad de jubilarse ni acreditar ninguna situación excepcional. Una novedad que ha reactivado las consultas sobre cuándo conviene recuperar el ahorro acumulado y, sobre todo, con qué coste fiscal.
El seguro de impago de alquiler garantiza al propietario el cobro de las rentas cuando el inquilino deja de pagar, y añade coberturas clave como la defensa jurídica del desahucio y los daños por actos vandálicos en la vivienda. Para quien tiene una o varias viviendas alquiladas —y especialmente para quien depende de esa renta como complemento de sus ingresos o de su jubilación—, un solo inquilino moroso puede convertir una inversión rentable en un problema de años. En MenfisGrup Asesoría explicamos cómo funciona este seguro, qué cubre exactamente y por qué su coste es muy inferior al riesgo que elimina.
La jubilación activa es la modalidad que permite cobrar una parte de la pensión de jubilación —desde el 45% hasta el 100%— mientras se sigue trabajando por cuenta ajena o como autónomo. Su regulación cambió profundamente con el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, publicado en el BOE del 24 de diciembre de 2024, cuyas novedades están en vigor desde el 1 de abril de 2025. La reforma, que modifica el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, facilita el acceso a esta figura y la hace mucho más atractiva, especialmente para los autónomos. En MenfisGrup Asesoría explicamos qué ha cambiado y cómo aprovecharlo.
© All Rights Reserved.
