La incapacitación judicial es un proceso legal diseñado para proteger a aquellas personas que, debido a enfermedades o discapacidades, no pueden gestionar adecuadamente sus propios intereses. Esta medida busca garantizar que los derechos y el bienestar de estas personas estén salvaguardados, evitando situaciones de abuso o desprotección.
¿Qué es la incapacitación judicial?
La incapacitación judicial es una resolución emitida por un juez que declara a una persona incapaz de tomar decisiones sobre su vida o su patrimonio. Este proceso incluye el nombramiento de un tutor o curador que actuará en su representación.
¿Cuándo es necesaria?
La incapacitación judicial puede ser solicitada en casos como:
Enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que afectan la capacidad de decisión.
Discapacidades psíquicas o intelectuales severas.
Situaciones en las que una persona pone en riesgo su propio patrimonio o bienestar debido a su estado mental.
El proceso de incapacitación
Solicitud: Puede iniciarla cualquier familiar cercano, el Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, otras personas interesadas.
Examen médico: El juez requiere un informe pericial que evalúe la capacidad mental de la persona.
Audiencia: El afectado tiene derecho a ser escuchado en el proceso, salvo que su estado se lo impida.
Resolución judicial: El juez decidirá si procede la incapacitación, especificando el alcance y nombrando a un tutor o curador.
La figura del tutor o curador
El tutor tiene la responsabilidad de velar por los intereses del incapacitado, garantizando su bienestar personal y económico. En algunos casos, si las capacidades de la persona no están completamente anuladas, se nombra un curador que actúa solo en áreas específicas.
Modificaciones legales recientes
Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, se han introducido cambios importantes en esta materia. El sistema de incapacitación tradicional ha evolucionado hacia un modelo que prioriza el apoyo y la autonomía de la persona, limitando las figuras de tutela y promoviendo medidas que respeten su voluntad en la mayor medida posible.
Asesoramiento especializado
En Menfisgrup, contamos con un equipo de expertos en derecho civil que te guiarán durante todo el proceso de incapacitación judicial, asegurando que esta medida cumpla con los requisitos legales y que se priorice el bienestar de la persona afectada.
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No responder a tiempo a un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede tener consecuencias graves para autónomos y empresas. Aunque en muchos casos se trata de simples solicitudes de información o trámites aparentemente menores, ignorar los plazos legales puede derivar en sanciones económicas, recargos e incluso procedimientos de apremio.
Madrid, 2026.
La implantación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica y de los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu) finalmente no será exigible en 2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de un año, trasladando la entrada en vigor de esta obligación a 2027, con el objetivo de facilitar la adaptación técnica de empresas, pymes y autónomos.
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