El Impuesto sobre Sucesiones es un tributo que deben pagar los herederos por la adquisición de bienes o derechos a título gratuito, es decir, sin contraprestación, como ocurre en las herencias. Su gestión está cedida a las comunidades autónomas, lo que significa que cada una puede aplicar sus propios tipos impositivos, reducciones y bonificaciones.
Están obligadas a pagar este impuesto todas las personas físicas que reciban bienes o derechos por herencia. El importe a pagar dependerá de varios factores:
Valor de la herencia recibida
Grado de parentesco con el fallecido
Residencia habitual del fallecido
Normativa autonómica aplicable
El cálculo del impuesto tiene en cuenta:
Base imponible: el valor neto de los bienes heredados.
Reducciones: por parentesco, discapacidad, vivienda habitual, etc.
Base liquidable: tras aplicar reducciones.
Tipo impositivo progresivo: que varía según la comunidad autónoma.
Bonificaciones: algunas regiones ofrecen hasta un 99% de bonificación para familiares directos.
El plazo para presentar el impuesto es de seis meses desde la fecha del fallecimiento, aunque puede solicitarse una prórroga de otros seis meses.
No pagar el Impuesto sobre Sucesiones en plazo puede acarrear recargos, intereses e incluso sanciones. Además, es un requisito indispensable para inscribir bienes heredados en el Registro de la Propiedad o acceder a cuentas bancarias del fallecido.
En Menfisgrup somos un equipo de abogados fiscalistas expertos en herencias, con amplia experiencia en planificación y tramitación sucesoria. Nos encargamos de estudiar la mejor opción para legalizar la herencia, de acuerdo con la normativa vigente y las particularidades de cada familia.
Además, analizamos cada caso de forma personalizada, teniendo en cuenta las posibles futuras ventas de inmuebles u otros bienes heredados, con el objetivo de que dichas operaciones generen el mínimo impacto fiscal posible en Hacienda.
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No responder a tiempo a un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede tener consecuencias graves para autónomos y empresas. Aunque en muchos casos se trata de simples solicitudes de información o trámites aparentemente menores, ignorar los plazos legales puede derivar en sanciones económicas, recargos e incluso procedimientos de apremio.
Madrid, 2026.
La implantación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica y de los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu) finalmente no será exigible en 2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de un año, trasladando la entrada en vigor de esta obligación a 2027, con el objetivo de facilitar la adaptación técnica de empresas, pymes y autónomos.
Esta medida afecta al calendario de aplicación del Real Decreto 1007/2023 y a la normativa de desarrollo vinculada a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce importantes cambios en la forma en que se emiten, conservan y controlan las facturas en España.
La AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, ha puesto en marcha un canal digital que se ha convertido en la vía principal para recibir comunicaciones oficiales: el buzón tributario. Este buzón funciona dentro de la sede electrónica y es la puerta de entrada a notificaciones, requerimientos y comunicaciones entre la Administración y los contribuyentes. Entender su uso es clave para mantener al día las obligaciones fiscales y evitar sorpresas.
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