Cuando una persona fallece, su patrimonio no solo incluye bienes y derechos, sino también obligaciones y deudas. En España, los herederos pueden verse obligados a asumir las deudas del fallecido, lo que puede generar situaciones complicadas si no se toman las decisiones adecuadas.
El patrimonio de una persona está compuesto por todos sus bienes, derechos y también sus deudas. Al fallecer, este conjunto de activos y pasivos se transmite a sus herederos, quienes pueden aceptar o rechazar la herencia.
Sí. La ley permite a los herederos aceptar o renunciar a la herencia. Existen tres opciones principales:
Aceptar la herencia de forma pura y simple, lo que implica asumir tanto los bienes como las deudas.
Aceptar la herencia a beneficio de inventario, limitando la responsabilidad de los herederos solo hasta donde alcancen los bienes heredados, evitando que su propio patrimonio se vea afectado.
Renunciar a la herencia, lo que significa que no se reciben ni bienes ni deudas.
Cuando hay varios herederos, la herencia se divide entre ellos, incluyendo las deudas. Si uno de los herederos acepta la herencia, se hace responsable de su parte de las deudas, aunque los demás herederos renuncien.
Antes de tomar una decisión, es recomendable:
Solicitar un certificado de últimas voluntades y el testamento, si existe.
Obtener información sobre los bienes y deudas del fallecido.
Consultar a un abogado especializado para evaluar las mejores opciones.
Aceptar una herencia sin evaluar sus consecuencias puede generar serios problemas financieros. Por ello, es fundamental conocer todas las alternativas disponibles y tomar una decisión informada.
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No responder a tiempo a un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) puede tener consecuencias graves para autónomos y empresas. Aunque en muchos casos se trata de simples solicitudes de información o trámites aparentemente menores, ignorar los plazos legales puede derivar en sanciones económicas, recargos e incluso procedimientos de apremio.
Madrid, 2026.
La implantación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica y de los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu) finalmente no será exigible en 2026, tal y como estaba previsto inicialmente. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de un año, trasladando la entrada en vigor de esta obligación a 2027, con el objetivo de facilitar la adaptación técnica de empresas, pymes y autónomos.
Esta medida afecta al calendario de aplicación del Real Decreto 1007/2023 y a la normativa de desarrollo vinculada a la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que introduce importantes cambios en la forma en que se emiten, conservan y controlan las facturas en España.
La AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, ha puesto en marcha un canal digital que se ha convertido en la vía principal para recibir comunicaciones oficiales: el buzón tributario. Este buzón funciona dentro de la sede electrónica y es la puerta de entrada a notificaciones, requerimientos y comunicaciones entre la Administración y los contribuyentes. Entender su uso es clave para mantener al día las obligaciones fiscales y evitar sorpresas.
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